Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto, en procedimiento de derechos fundamentales, contra la denegación de autorización para utilizar la sala de conferencias de un auditorio para dar una charla sobre recomendaciones de las autoridades sanitarias. El acuerdo recurrido deniega el uso de un local público, y el motivo denegatorio es la finalidad perseguida por el solicitante, una charla-coloquio que cuestiona las recomendaciones de las autoridades sanitarias preventivas para la propagación de enfermedades en época de pandemia. Es incompatible con su función de "autoridad pública sanitaria" destinar sus propios locales al cuestionamiento de las recomendaciones preventivas emitidas por organismos sanitarios oficiales y su restricción no vulnera derechos fundamentales. En este caso la Administración tiene una facultad discrecional al contestar a una petición para el uso público "especial" de un bien de su titularidad. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad ideológica del recurrente se pretendía a través de ese uso público especial de un bien de titularidad municipal que no sería imprescindible para la difusión exactamente de idénticos contenidos. No se desautorizó la charla coloquio sino el lugar donde pretendía celebrarse.
Resumen: El interesado fue incluido el 20 de marzo de 2020 en un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor para la reducción de jornada, inicialmente del 90%, que fue aprobado por resolución de 10 de abril de 2020. En fecha 3 de abril de 2020 la mencionada empresa registro ante la SEPE solicitud de pago de prestaciones a los trabajadores afectados con la reducción del 90%. El 14 de junio la empresa registra nueva solicitud de pago de prestaciones para los trabajadores con una reducción del 70% alegando que se han constatado unos errores en el registro, dictándose resolución el 17 de junio de 2020 reconociendo la prestación de desempleo parcial por reducción del 70% de la jornada de trabajo por el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 2 de julio de 2020. El SEPE quiere dejar sin efecto la prestación reconocida porque la reducción de jornada no lo fue por el 70% sino por el 90%, como se indicó inicialmente, excediendo de lo permitido por la norma legal; siendo desestimado porque habiendo rectificación por la empresa y reconocida la prestación, no se ha acreditado que la parcialidad haya sido del 90%.
